El grillo verde

De la pretendida Reforma Educativa

(Síntesis, es decir, lo que he entendido de manera muy personal)

En estos aciagos días, reconfortados para el magisterio federal  yucateco al percibir que nuestra tarjeta bancaria de débito ha sido recipiendaria de la segunda parte de nuestro aguinaldo con lo cual nos damos un respiro en espera de la quincena primera del mes de enero, nuestro presidente de la república en voz propia ha invitado a la sociedad en general y a nosotros los maestros en particular, a leer lo que da en llamar la reforma educativa y que pondera como punta de lanza de su sexenio en materia de educación de calidad para conformar y conformarse con la intención globalizadora de medir con estándares de países muy desarrollados la economía mundial.

Pues heme aquí haciendo caso del grito presidencial y porque me doy cuenta que mi madrina y archiamiga, maestra Elba, no ha dicho “esta boca es mía” quizás porque sabe que del plato a la boca se cae la sopa y como que no están los tiempos, para ella, de estar haciendo un reguero de comida por toda la mesa, ya que al modo de las mamás y abuelitas de antaño, es obligación de quien cause desorden, de volver todo a su lugar, limpio y brillante, so pena de recibir el castigo correspondiente que en ocasiones era proporcional al número de vueltas alrededor de la mesa o a la distancia recorrida entre el primer aviso y el contacto al final de las correrías en persecución más peligrosa que cualquier pamplonada, huyendo del brazo acusador y verdugo que siempre portaba desde una chancleta, hasta la soga (remojada para que duela más el castigo) con la cual colgábamos nuestra rica hamaca. Métodos didácticos que sugiero para los malandrines, ya que quienes fuimos educados bajo el precepto pedagógico del huarache, sandalia, zapato o artículo prolongación de la extremidad superior izquierda o derecha, el día de hoy somos los ciudadanos responsables que cuidamos y peleamos por nuestro país, aparte de las añoranzas y amores por nuestros progenitores hasta el día de hoy. Recuerdo como colofón la amenaza materna de portarse como Má Linda, la de Memín Pinguín ya que, desde la perspectiva evaluatoria materna, estábamos por lograr los estándares curriculares del personaje de le revista de historietas salido de la pluma de Yolanda Vargas Dulché.

Regresando al tema de la reforma educativa, descargo la llamada propuesta de reforma desde la página de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y me permito leerla y analizarla para poder expresar mi personal conclusión derivada del análisis y reflexión.

Hay algo que me llama la atención desde el primer momento que es declarada la intención de reformar el ámbito educativo, por boca de nuestro Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor: la semejanza de los términos a desarrollar que son exactamente iguales a los determinados por el Plan Sectorial de Educación del sexenio anterior y la signada Alianza por la Calidad de la Educación, así como la existencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por lo que me causó una digresión cronológica suponiendo que me había dado el famoso deja vu (que todavía no entiendo en la parábola cuántica explicada por el Dr. Emmett Brown) al escuchar y sentir que ya sabía todo lo que andaba declarando en ese momento.

Hablando de la lectura del documento señalado anteriormente, que es en sí una iniciativa de Decreto y no la reforma como se ha dado en llamar, constituye un documento que el C. Presidente de la República envía al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en donde solicita la reforma y adición de disposiciones diversas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de llegar al texto del decreto enviado, presenta cinco puntos que pretenden justificar la necesidad de estos cambios en los artículos 3º y 73º Constitucionales específicamente.

El primer punto denominado como introducción, señala los antecedentes que desde 1993 establece el derecho de todo individuo a recibir educación y que por tanto el Estado tiene la obligación de impartirla en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, siendo además que desde 2012, está ya la obligatoriedad de la educación media superior. Señala que el concepto constitucional de esta obligación educativa es: “desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia”, es decir, el verdadero perfil de egreso de educación básica hacia educación media superior y más allá.

Desde luego que prevalece  el laicismo, el progreso científico, la democracia, el nacionalismo, la mejor convivencia, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, por la igualdad de la persona y por la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos.

El punto dos resalta el imperativo de calidad educativa; al parecer aún no la hemos logrado pues no estamos en el área de aceptable de los rangos establecidos por organismos o instituciones internacionales pues la su existencia está condicionada por la medida en la que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas (he aquí el trabajo en competencias), complementando esto con la alimentación suficiente de acuerdo con estándares internacionales de nutrición sana y la garantía de acceso a la salud, además de contar con los nuevos (¿?) instrumentos del desarrollo científico y tecnológico. Este punto refiere además los nombres de los actores del proceso educativo: poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y sociedad en su conjunto (¿incluye esto para el apoyo de la escuela oficial a la iniciativa privada?)

Educación de calidad es un valor que representa la satisfacción de los anhelos de justicia y desarrollo. Por ello se justifican las modificaciones de orden jurídico y los acuerdos realizados en educación básica y educación media superior, así como la institución de la evaluación educativa.

Algo muy importante es que menciona como innegable el desempeño del docente como “el factor más relevante de los aprendizajes” así como la determinación del liderazgo de directores y supervisores por lo cual es necesario crear el servicio profesional docente, así como la organización de un sistema de evaluación con las directrices necesarias para el cumplimiento de los fines de la educación; es necesario entonces establecer las bases para la creación del Servicio Profesional Docente y la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como máxima autoridad en materia de evaluación.

El punto tres define el concepto acerca del magisterio: Profesión que guarda mayor cercanía con la sociedad; quienes han desempeñado un papel preponderante en la construcción del México de hoy, contribución decisiva para el provenir.

A través de ciertas explicaciones este rubro justifica la obligación de cuidar mediante procedimientos y mecanismos idóneos el ingreso al servicio, la promoción dentro de la profesión docente, así como la permanencia en la función magisterial.

Además de esta mención por vez primera de cuidar la permanencia del trabajador, resalta la injusticia de pensar que los bajos resultados educativos obedecen a un solo factor y explica que el maestro ha presentado justificadas inconformidades por las evaluaciones que carecen de la valoración integral del desempeño, lo que aunado al reclamo social genera la exigencia de la dignificación de la profesión docente.

Presenta también la conceptualización de directores y supervisores, definiéndolos como “los funcionarios que ejercen la responsabilidad de autoridad en el ámbito escolar”. Debiendo hacer, a) propiciar un clima de trabajo y un ambiente escolar favorables al aprendizaje ; b) coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo; c) realizar los procesos administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad de manera efectiva y, d) diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua del plantel. Esto justifica la creación del Servicio Profesional Docente ¿sustituye esto entonces al famoso escalafón? Parece que sí. Esto además fijaría las reglas de aplicación nacional para el ingreso, promoción y permanencia (segunda mención) en la educación impartida por el Estado.

El cuarto punto se encamina a justificar lo imperioso de la reforma constitucional, enmarcando a todos los maestros, cualquiera que fuere su cargo, como trabajadores al servicio del Estado  por lo que la legislación laboral queda comprendida en al Apartado B del Artículo 123 Constitucional que prácticamente norma nuestros derechos y obligaciones, debiendo tener mayor observancia en las fracciones VII, VIII y XI,  y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, además, para nuestro caso, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y por el Reglamento de Escalafón de la Secretaría.

En este cuarto punto se inicia la mención del objeto de la reforma solicitada que diseña una política de Estado sustentada “en la fuerza de una disposición constitucional que en materia de ingreso, promoción y permanencia (tercera mención) permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso Federal, los congresos de los estados y las autoridades educativas deben asumir…”Menciona este punto que el docente tendrá garantizada su permanencia (mención cuarta, pero muy especial) en el servicio en los términos que establezca la ley, derivados de los fines de la educación que la Constitución establece. Esto justifica más específicamente la necesidad de una evaluación sólida y confiable que servirá (además y qué bueno que así sea) para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los maestros (¿Otro deja vú?) Para esto hay que atender lo descrito por el Artículo 31 Constitucional que prevé la organización del Sistema Educativo Nacional y que defiende la jerarquía de máxima autoridad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mediante la adición de la fracción IX a este artículo.

Ya el punto cinco explica el contenido de la reforma; y empieza a entenderse que lo que se busca es reformar la constitución para hacer realidad lo que anteriormente era parte de un plan o de una alianza, ya que al tener presencia en la Carta Magna es de cumplimiento obligado con sustento en la máxima jurisprudencia nacional.

Esta reforma a la constitución es para cumplir con la obligación de ofrecer educación de calidad mediante al acceso de los maestros al sistema público y su promoción y permanencia (quinta mención) a través de procedimientos idóneos. Esto hace necesaria la modificación del Artículo 3º para crear las bases de creación del Servicio Profesional Docente; se habla de concursos para el ingreso y promoción; y para fijar los términos por tanto para el ingreso, promoción y permanencia (sexta mención) en el servicio.

También, mediante la adición al Artículo 3º se justificará al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como quien tenga las atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de educación básica y media superior. También para dotarlo de las facultades para diseñar y realizar mediciones, emitir lineamientos y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad; propiciar la coordinación y colaboración con las autoridades y generar buenas prácticas en la evaluación que éstas lleven a cabo.

En el momento de las conclusiones, señala el documento al Servicio Profesional Docente y la previsión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como órgano constitucional autónomo como los dos ejes rectores de la iniciativa de reforma constitucional que lograrán encauzar compromisos acordados en el Pacto por México”, dando además cumplimiento en lo establecido en los Artículos 3º y 73° en su fracción XXV.

Todo esto entonces es para justificar el decreto de reforma y adición a los artículos 3º y 73º; para el primero, modificar las fracciones III, VII y VIII, además de adicionarle la fracción IX; para el segundo, un anexo breve pero importante a la fracción XXV, de lo cual se desprende:

-          Del artículo 3º

o   Fracción III. Se modifica para aumentar las determinaciones que el ejecutivo federal puede hacer, además de los planes y programas de estudio con sus condiciones para ello, siendo entonces que pueda también determinar el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior, llevados a cabo mediante concursos de oposición. “La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley”;…

o   De las fracciones VII y VIII no encontré alguna modificación en ellos, lo que justifico ante mi ignorancia del manejo jurídico en las condiciones que un abogado está acostumbrado a realizar cotidianamente

o   La fracción IX es para aumentar, adicionarle a este artículo, de forma tal que justifique la presencia y acciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, describiendo además su estructura y condiciones de funcionamiento.

-          Del Artículo 73º

o   Dentro de las facultades  del Congreso, a la fracción XXV, seguidamente de la oración “buscando unificar y coordinar la educación en toda la República,” se le añade “y para asegurar el cumplimento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.”

Y ya para finalizar los transitorios en donde se especifica mejor la estructura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y para que el Congreso de la Unión prevean la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa con el apoyo del INEGI para que en este 2013 realice el censo para tener los datos necesarios para la operación del sistema educativo. Así también la modificación del marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, el establecimiento de las escuelas de tiempo completo con jornadas de entre seis y ocho horas diarias y lo relacionado con los alimentos hacia el interior de los centros escolares.

Es decir, que no hay tal reforma educativa como se está mencionando en los medios de comunicación y a través de la presidencia de la república en boca incluso del propio presidente. Hay, lo entiendo así, una iniciativa de reforma constitucional para volver obligatorio lo que antes se dejó a merced de compromisos e intereses políticos personales y de conveniencia; para ejercer mejor la autoridad y no quedar a capricho y merced de negociaciones de poder y quedar como cómplices o socios del fracaso de la teoría presentada. Al ser normado todo por nuestra Constitución todo ha de cumplirse, so pena de recibir la sanción por flagrancia, desacato o violabilidad de mandato.

Dicho de otra forma, es la única manera de lograr que educativamente vayamos adelante, pues así todos los recursos, humanos y materiales, económicos y sociales están obligados a aplicarse, a realizarse, a desarrollarse y no permiten negociación alguna pues cualquier intento de rechazo significaría ir en contra de lo establecido en nuestro más grande documento jurídico nacional. Aun cuando dada la bondad de las leyes mexicanas, quizás haya que recurrir en su momento a la Ley de Amparo.

Finalizo con algo que de manera coloquial he manejado siempre: el maestro que está acostumbrado a trabajar con retos, que se pone metas, que realiza proyectos, que pretende siempre actualizarse o capacitarse, que tiene por visión la calidad educativa que en su salón ha de ofrecer, todo esto que se platica mucho es para su reconocimiento y superación; ahora temblarán quizás ( o incluso se jubilarán) aquéllos que sólo cubren turnos, que no saben siquiera el nombre de los libros que regulan su práctica docente, que ven este trabajo como “la gota quincenal segura”; que no les interesa enterarse de este u otros cambios…, ésos entonces son los que demostrarán su temor al cambio.

En cuanto a la permanencia en el servicio, los comunicados oficiales reiteran que no se verán afectados los derechos de los trabajadores, es cierto, pero siempre y cuando, como con todo trabajador amparado por el artículo 123º, se cumpla con la normatividad que regula los derechos y obligaciones y que en el caso del magisterio nacional, exigirá niveles de preparación, de capacitación y de actualización, así como de resultados eficientes en el trabajo en el aula. En caso contrario, y así está estipulado en la Carta Magna, es permitido el cese del trabajador.

Entiendo además que no desaparece el Programa de Carrera Magisterial o sus derivados en los estados,  pues al igual que el Programa de Estímulos Docentes, quedaría dentro del marco del reconocimiento a los mejores maestros de nuestro país.

Sugeriría que se establezcan criterios, con el aval constitucional, de un código de conducta o ética que norme el cumplimiento y responsabilidad de los padres de familia al interior de las escuelas; que regule la obligación (que ahora es voluntaria) de la participación por la escuela de sus hijos y que ofrezca de igual forma el acceso a instituciones de apoyo y ayuda que permitan sostener, asegurar, fomentar e incluso construir la verdadera unidad familiar, entendiendo y resaltando el papel de la familia como la primera institución educadora y el núcleo de toda sociedad.

Este concepto no está incluido en la reforma constitucional con la que se pretende establecer las bases para una educación de calidad, lo que, como maestros lo sabemos, no puede realizarse sin el apoyo educativo de las familias de nuestros alumnos y que es momento de que nuestro país aproveche este Pacto por México para consolidar esta institución familiar importantísima para el desarrollo social de todo pueblo que se precie de educado y con tradición.

 Sin  temor, adelante. Vale la reforma a la Constitución.